Critican la falta de claridad y prioridad del sur mendocino en el uso de fondos aprobados por el Gobierno Nacional
El presidente Javier Milei ha dado la autorización final para que Mendoza acceda a una adenda de U$S 1.023 millones, ampliando el uso de estos fondos originalmente destinados a la construcción de Portezuelo del Viento. Esta medida permite a la provincia realizar una variedad de obras públicas. Sin embargo, la falta de claridad en la distribución y priorización de estos recursos, especialmente en relación con el sur mendocino, genera serias dudas sobre la gestión y eficiencia de los mismos.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, celebró la medida y destacó en redes sociales que con este paso “podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo productivo”. No obstante, esta declaración parece más una celebración prematura que una garantía de resultados tangibles, especialmente considerando la histórica postergación del sur de Mendoza en la planificación de obras clave.
En una entrevista con LV10, Mema mencionó que una de las primeras obras será una línea de alta tensión de 120 kilómetros que cerrará el “anillo” San Rafael-General Alvear. Aunque esta obra beneficiará al sur provincial, el énfasis en el repago a través de tarifas de energía plantea interrogantes sobre la carga financiera adicional que recaerá sobre los ciudadanos. “Generará la posibilidad de tener mucha más potencia en el sur de la provincia, y cuando se tenga algún tipo de inconveniente, puede funcionar como soporte”, manifestó Mema, intentando justificar la necesidad y urgencia de esta inversión. Sin embargo, el costo adicional para los usuarios finales de energía no debe ser subestimado y requiere una evaluación más profunda.
La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, acotó que deben lidiar con un proyecto “que en cuanto a su proceso tiene una criticidad en el tema de información dominial y de la afectación de activos, como cualquiera de las líneas o lo referido a las estaciones transformadoras”. Este tipo de declaraciones, que subrayan las dificultades inherentes a la ejecución de grandes proyectos, no hacen sino aumentar las dudas sobre la viabilidad y el cumplimiento de los plazos propuestos.
Mema agregó a Los Andes que hay proyectos en carpeta para obras de irrigación, eléctricas, de agua y saneamiento, pero los detalles concretos y los plazos para estas iniciativas siguen siendo vagos. La promesa de comenzar a licitar las primeras obras antes de fin de año, con el proceso de inversión arrancando en 2025, suena optimista frente a los desafíos mencionados.
El acuerdo anunciado por Cornejo el pasado 1 de mayo en la Legislatura Provincial parece ser un avance significativo, pero la falta de un plan claro y específico para el sur mendocino es preocupante. Si bien se ha abierto un banco de proyectos estratégicos para recibir propuestas, la real prioridad y distribución de los fondos sigue siendo un tema difuso.
Los intendentes han sido los primeros en enviar sus propuestas al banco de proyectos, inclinándose por parques solares y obras hídricas y urbanas. De parques fotovoltaicos, aparecieron propuestas de Luján de Cuyo, Capital, Guaymallén, Maipú, Junín, Rivadavia y Godoy Cruz. También hay ideas de obras de saneamiento y acueductos en Las Heras, Maipú, Lavalle y Santa Rosa. Con respecto a trabajos de impermeabilización de canales y riego agrícola, hay algunos proyectos cargados desde Lavalle, Tupungato y Junín. En tanto, hay proyectos de mejoras de rutas y caminos en toda la provincia, con ejemplos como la ruta 7 en Luján de Cuyo, la reingeniería del Acceso Este en Guaymallén, y remodelaciones en diversas avenidas de la Capital.
Sin embargo, otras comunas han decidido ir por obras grandes o siguen pujando para que el universo de los fondos vaya para un solo oasis productivo, como lo son Malargüe y San Rafael. La falta de una estrategia clara y priorización de proyectos vitales para el sur mendocino pone en duda la eficacia y equidad de estas inversiones. Proyectos cruciales como el Paso Las Leñas, el trasvase del río Grande al Atuel y la habilitación del Paso Pehuenche para todo tipo de cargas siguen siendo mencionados sin un compromiso firme. Las cámaras empresarias también han solicitado obras para sus sectores, planteando la necesidad de pavimentar tres caminos claves para el turismo, la ganadería, la minería y el petróleo: las rutas provinciales 180 y 186; y la nacional 188, en el tramo que va desde Alvear hasta El Nihuil (San Rafael).
La demanda histórica de Mendoza por promoción industrial y el resarcimiento por perjuicios derivados de la promoción industrial aún no encuentran una respuesta contundente en esta administración. En 1998, Mendoza interpuso una demanda ante la Nación por resarcimiento, que resultó en un acuerdo extrajudicial en 2006 para la construcción de Portezuelo del Viento. Sin embargo, con la queja de La Pampa por los estudios de impacto ambiental de Portezuelo del Viento, hubo un laudo contrario por parte del expresidente Alberto Fernández. Ahora, en la gestión Milei, Mendoza y el gobierno nacional acordaron ampliar el objeto del acuerdo para incluir otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial. Esta adenda, celebrada en abril de 2024, permitió la liberación de fondos originalmente destinados a Portezuelo del Viento.
El decreto provincial estipula que los recursos serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, prohibiendo expresamente su aplicación a gastos corrientes. Aunque esto podría parecer una medida positiva, la falta de especificidad en la asignación y ejecución de estos fondos sigue siendo un problema.
La ampliación de los fondos y las promesas de desarrollo son bienvenidas, pero la falta de una estrategia clara y la indefinición en la priorización de proyectos vitales para el sur mendocino ponen en duda la eficacia y equidad de estas inversiones. Es crucial que las autoridades detallen y ejecuten un plan que realmente incluya a todas las regiones de Mendoza, especialmente aquellas que históricamente han sido menos favorecidas. Solo con una distribución justa y transparente de los recursos se podrá asegurar un desarrollo integral y equitativo para toda la provincia.
