En mayo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) público un informe sobre el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones que esta, hoy, tratándose en el Senado de La Nación. RIGI que ya tiene media sanción y que presenta grandes cambios en materia económica por un periodo de 30 años, periodo de tiempo que, en la Argentina de hoy, cuesta poder imaginar y que trae grandes perjuicios para la industria argentina.
En diciembre de 2023, la industria manufacturera argentina enfrentó un golpe devastador con el pronunciado salto del tipo de cambio (+118%) y el aumento de la alícuota del impuesto PAIS del 7.5% al 17.5%. Estas medidas generaron un profundo impacto negativo en un sector que ya llevaba varios meses de contracción. Sin embargo, no solo las condiciones macroeconómicas adversas han contribuido a esta situación: el gobierno de Javier Milei ha tomado decisiones que han desmantelado las políticas de promoción industrial que sostenían al sector.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y diversas medidas de política implementadas desde Producción y Comercio Exterior, se han eliminado mecanismos de protección e incentivo a la industria nacional. La propuesta del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contenida en la Ley Bases, plantea un cambio profundo en la matriz productiva del país, enfocándose en enclaves extractivistas y relegando a un segundo plano la industria nacional.
Las políticas del gobierno de Milei han tenido un impacto directo y negativo en diversos sectores industriales.
1. Aumento del Impuesto PAIS: La subida de este impuesto ha encarecido significativamente la importación de insumos centrales para la producción, afectando especialmente a las PYMEs.
2. Incremento de Tarifas: Las tarifas de luz y gas han aumentado indiscriminadamente, superando el 140% en algunos casos, lo que ha incrementado los costos operativos de las pequeñas y medianas industrias.
3. Derogación de la Ley de Compre Nacional: Esta ley priorizaba a los productores locales en las compras del Estado, garantizando demanda para las empresas nacionales. Su eliminación ha dejado a muchos sectores sin este respaldo.
4. Desarticulación de Programas de Apoyo: Programas como el PRODEPRO y la Ley 21.608 de promoción industrial, que ofrecían beneficios y apoyo a las industrias, han sido desmantelados.
5. Apertura Comercial Irrestricta: La eliminación de aranceles y la política de libre importación han generado una competencia desleal para la industria local.
6. Desfinanciamiento de Programas y Áreas de Desarrollo Industrial: La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y otros organismos han visto reducidos drásticamente sus presupuestos, afectando su capacidad de apoyar a la industria.
Mientras Argentina desmantela sus políticas de promoción industrial, otras economías globales están implementando medidas proteccionistas y de fomento industrial. Estados Unidos, bajo las administraciones de Trump y Biden, ha aprobado leyes como la “CHIPS Act” y la “Inflation Reduction Act”, que brindan incentivos fiscales y apoyo a la industria. La Unión Europea, Brasil y otras economías también están adoptando políticas similares para fortalecer sus capacidades productivas y proteger sus industrias.
EL REGIMEN A LAS GRANDES INVERSIONES (RIGI)
El RIGI, incluido en la Ley Bases, se presenta como una apuesta para atraer grandes inversiones. Ofrece amplios beneficios tributarios y aduaneros, así como estabilidad fiscal por 30 años. Sin embargo, el enfoque del RIGI está en grandes proyectos extractivos y no en el desarrollo industrial diversificado. Los beneficios tributarios y la exención de la obligación de liquidar divisas en el mercado local, entre otros, han generado críticas por su potencial impacto negativo en la generación de empleo y en la economía nacional.
La situación actual de la industria manufacturera en Argentina es crítica, y el camino elegido por el gobierno de Milei parece ir en dirección opuesta a las tendencias globales de promoción y protección industrial. La demanda interna se reduce y las capacidades industriales argentinas quedan cada vez más rezagadas en términos regionales, configurando un panorama preocupante para el futuro del sector.
Mientras que la política industrial en el mundo se enfoca en seleccionar sectores estratégicos para alcanzar objetivos nacionales específicos, el RIGI opta por un enfoque transversal. Esto implica que cualquier sector, incluso aquellos que naturalmente atraerían inversiones sin incentivos sustanciales, puede beneficiarse. El objetivo primordial del RIGI parece ser la entrada rápida de divisas, con la intención de liberar el cepo cambiario y facilitar la salida de capitales, en lugar de establecer un nuevo patrón de desarrollo para el país.
Una de las críticas más fuertes es que el RIGI no distingue entre capitales nacionales y extranjeros, lo cual va en contra de las recomendaciones internacionales en materia de política industrial. Esto podría agravar el proceso de extranjerización en la explotación de recursos naturales y otros sectores clave.
Otra característica controvertida del RIGI es la ausencia de la obligación de vender parte de la producción en el mercado nacional. El artículo 197 del proyecto con media sanción asegura a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) la plena disponibilidad de sus productos, sin ninguna obligación de comercialización local. Esta disposición podría llevar a situaciones donde empresas extranjeras produzcan en el país, exporten la totalidad de su producción y no contribuyan al abastecimiento del mercado interno, incluso en situaciones de emergencia como desastres naturales o pandemias.
El RIGI tampoco contempla iniciativas de protección para la industria local, incluyendo importantes beneficios fiscales y exenciones arancelarias que favorecen a los bienes y equipos importados. Sin restricciones a la importación de bienes industriales usados, los fabricantes nacionales enfrentarían una competencia desleal, incapaces de competir en precios con estos productos. Ejemplos presentados por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) muestran diferencias significativas en competitividad, con brechas de hasta el 36% en ciertos productos.
Las críticas no se limitan a ADIMRA. La Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (CIPIBIC) y la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) han expresado la necesidad de consultar a las cámaras industriales para asegurar una mejor planificación y evitar otorgar exenciones innecesarias. Ambas entidades insisten en que el régimen debería priorizar regiones menos desarrolladas y fomentar el empleo local.
El régimen también permite que cualquier controversia se resuelva a través del CIADI, un tribunal internacional con un historial desfavorable para Argentina. Además, habilita a los VPU a llevar sus registros contables en dólares estadounidenses, alineándose con una política de dolarización que contraviene las normas vigentes que exigen contabilidad en moneda nacional.
El RIGI ofrece una serie de beneficios tributarios y cambiarios que incluyen reducciones significativas de impuestos y exenciones arancelarias, aumentando el gasto tributario y comprometiendo la recaudación futura. La estabilidad normativa garantizada por 30 años podría tener implicancias fiscales a largo plazo, dificultando la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones.
Además, el régimen ha sido señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como permeable al ingreso de capitales ilícitos, lo que añade una capa adicional de preocupación sobre su implementación.
En conclusión, las críticas al RIGI subrayan una preocupación generalizada de que el régimen prioriza la entrada rápida de capitales a expensas del desarrollo industrial sostenible y la protección del mercado interno, situando a Argentina en una posición vulnerable tanto económica como jurídicamente.
¿Y MENDOZA?
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC), Mendoza se verá seriamente afectada por la Ley Fiscal. La provincia perderá una suma considerable de recursos debido a la reducción de alícuotas y beneficios en el Impuesto sobre los Bienes Personales, sin una compensación suficiente a través de la reposición del Impuesto a las Ganancias para trabajadores. En cifras concretas, se estima que, durante el año 2024, Mendoza dejará de percibir alrededor de 6.504 millones de pesos debido a estos cambios impositivos.
Esta pérdida significativa de ingresos tendrá un impacto notable en las arcas provinciales. Aunque se espera que Mendoza reciba alrededor de 42.162 millones de pesos por la reintegración del impuesto a las ganancias de la 4ª categoría, esto se ve empañado por la disminución estimada de 48.666 millones de pesos debido a los beneficios fiscales del impuesto sobre los bienes personales. En resumen, la provincia enfrentará una brecha financiera considerable que afectará su capacidad para cubrir necesidades fundamentales, como educación, salud, seguridad y desarrollo económico.
Este escenario plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia del sistema fiscal propuesto. Mientras que los más ricos se benefician de la reducción de impuestos sobre los bienes personales, los trabajadores y la población en general en Mendoza enfrentan las consecuencias de una pérdida de recursos significativa. Es esencial cuestionar si estas medidas realmente están en línea con los intereses y necesidades de la provincia y su gente.
En este contexto, se hace aún más urgente que se aborden preguntas cruciales sobre cómo se compensará a las provincias por esta pérdida de recursos y cómo se garantizará un equilibrio justo en el sistema tributario. Además, la preocupación por el impacto del régimen RIGI en la economía local y en el medio ambiente subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de estas políticas.
La cantidad significativa de dinero que Mendoza perderá como resultado de la Ley Fiscal plantea serias preocupaciones sobre su impacto en la provincia y su gente. Es fundamental que se aborden estas preocupaciones y que se tomen medidas para garantizar un sistema fiscal equitativo y sostenible que beneficie a todos los ciudadanos mendocinos.
Informe completo CEPA – https://centrocepa.com.ar/informes/508-la-politica-anti-industrial-del-gobierno-de-milei-implicancias-del-regimen-de-incentivos-para-grandes-inversiones-en-la-ley-bases
